Independentismo en la Gran Secesión

Independentismo en la Gran Secesión

Si bien resulta incontrovertido que el antifederalismo secesionista norteamericano expiró definitivamente en Appomattox, más allá del melancólico esfuerzo de algunos intelectuales por sostener The Lost Cause of the Confederacy,  aprovechando la coyuntura política que ahora padecemos en España, no estaría de más consignar como prácticamente, desde el fin de la Guerra de Secesión, ha sido una constante la aparición de iniciativas locales y estatales de naturaleza independentista también en la aparentemente monolítica Unión, las cuales nos recuerdan lo heterogéneo y frágil de los mimbres con los que está creada esa nación.

A nivel local, destacan las diversas iniciativas de esta naturaleza en el Estado de Nueva York, pudiendo señalarse las pretensiones segregacionistas de los condados de Nassau y Suffolk de Long Island; de Staten Island con respecto a la ciudad de Nueva York o el proyecto de Peconic County también en el East End de Long Island. En los años ochenta se detectó asimismo un movimiento similar en la ciudad de Filadelfia, en donde el grupo Northeast Philadelphia quiso separarse del resto de la capital. El Valle de San Fernando perdió en 2002 una votación en donde se sufragaba por la segregación de la ciudad de Los Angeles y en varias ciudades en Vermont, incluida Killington, han explorado la posibilidad de adscribirse al vecino estado de New Hampshire, quejándose de la nula reversión en infraestructuras de los tributos que satisfacen al estado. Iniciativas análogas se han registrado en la región de Little Egypt en Illinois o en los Cayos de Florida, reclamando su Conch Republic. Más recientemente, la Corte Suprema de Alaska tuvo oportunidad de declarar en noviembre de 2006, la ilegalidad de la secesión, en el caso Kohlhaas vs. State.

Desde el punto de vista estatal, una propuesta con mucho predicamento popular es la de la República de Cascadia, una suerte de «bioregión» comprensiva de los Estados de Washington, Oregón, partes de Idaho, sur de Alaska, norte de California y sur de Canadá, regida por máximas relacionadas con la responsabilidad ambiental y económica.

 Abogados de la Península Superior de Michigan han reclamado su configuración como quincuagésimo primer estado, llegando los más radicales a interesar la unión de la Península con los estados de  Minnesota y Wisconsin para crear la República de la Estrella del Norte. Notables, elaborados y publicitados son los esfuerzos del movimiento secesionista conocido como Segunda República de Vermont que desde 2004 organiza eventos y publica papeles en torno a reflexiones descentralizadoras que culminaron con la Declaración de Middlebury, dedicada al estudio de la viabilidad separatista, el secesionismo y  la autodeterminación de los territorios. Dentro de las tribus de nativos americanos, los Sioux Lakotah llevan años haciendo campaña para formar la República de Lakotah, que abarcaría partes de los estados de Dakota del Norte, Sur, Nebraska, Wyoming y Montana. Ka Lahui Hawai  es el nombre de la organización creada en 1987 por las hermanas Trask, germen desde el cual alcanzar la soberanía de Hawai. De naturaleza étnica pretende ser la República de Nueva Afrika (ARN), un movimiento social que aspira a la creación de un país independiente poblado mayoritariamente por afroamericanos situado en el sureste de los Estados Unidos. El norteamericano rural y blanco, por el contrario, también se siente desamparado por el D.C., de ahí que surjan iniciativas secesionistas al amparo del 51st State Initiative como Northern Colorado o West Maryland.

Por último, dos de los estados más importantes de la Unión, tanto desde el punto de vista de su extensión y población, como desde el prisma de sus recursos económicos, mantienen latentes desde hace décadas iniciativas secesionistas. Nos referimos claro está a California, que desde 1859 pugna bien por formar entidades estatales híbridas –Estado de Jefferson, Coastal California -, bien por instituirse en estado independiente, como así lo pretendieron durante el verano de 2007 un grupo de letrados denominado Californianos para la Independencia, que abogaban por la soberanía del Golden State. Y claro está,  Texas, que cuenta con el  movimiento independentista de mayor antigüedad y tradición,  el Movimiento Nacionalista de Texas, cuyos miembros sostienen que la anexión del estado de la estrella solitaria consumada en 1845 fue ilegal y, por ende, se consideran un territorio  y una población ocupada militarmente por la Unión. Nótese que estos anhelos secesionistas se anclan en el lejano 1861, cuando Richard Lance McLaren  fundó el grupo Republic of Texas, para dar apoyo a la corriente secesionista que generó la confrontación bélica. En la actualidad cuenta incluso con un «gabinete provisional» y una sede en la ciudad de Overton. Texas Secession, Texas Secede y, por último, Texas Convention Pro-Continuation 1861, también reclaman, de una u otra forma, el reconocimiento de su soberanía tal y como se constituyó en 1836 tras lograr su  independencia frente a México.

En fin, parece por tanto que no somos los únicos en padecer problemas de convivencia. La única –y severa- diferencia es que todos estos movimientos separatistas norteamericanos, ni son impulsados por las propias autoridades descentralizadas ni, desde luego, vulneran la Ley.

Escrito por Raúl C. Cancio Fernández, doctor en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y letrado del TS. Es autor del libro España y la Guerra Civil Americana o la globalización del contrarrevolucionismo. 

Raúl César Cancio Fernández

Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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Raúl César Cancio Fernández
Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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