Suprema protección

Suprema protección

El juicio que desde hace meses se viene celebrando en la sede del Tribunal Supremo y ya próximo a su fin, no solo acapara el foco mediático, monopoliza el debate político e invade la discusión académica, sino que también es un notable reto desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, habida cuenta tanto del perfil de los encartados y testigos convocados a la vista como de la repercusión internacional del proceso. En ese sentido, cualquiera que se acerque a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Madrid, habrá advertido un severo incremento tanto de los controles de acceso al Tribunal, del número de agentes desplegados como, finalmente, de las medidas preventivas en torno a la Plaza de la Villa de París y alrededores. Tareas que, con extraordinaria profesionalidad, son desempeñadas por unidades del Cuerpo Nacional de Policía, quienes, asimismo, son los que habitualmente y sin que medien juicios más o menos mediáticos, realizan las labores de vigilancia, control y protección de esa casa.

En las sedes de las cortes supremas de nuestro entorno, también son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los respectivos Estados, los que ejercen esas tareas, verbigracia, agentes de la Metropolitan Police (New Scotland Yard) guardan el Middlesex Guidhall, el edificio que alberga el Tribunal Supremo del Reino Unido; unidades de la Gendarmería son los custodios del Palais de Justice del quai del I’Horloge de París o, sin ánimo de exhaustividad, carabinieri se encargan de mantener el orden en la última instancia judicial italiana en Roma.

En otras palabras, y con carácter general para la mayoría de Estados, las sedes de las cortes y tribunales supremos son resguardadas por cuerpos policiales ordinarios, más allá de que en cada país está atribuida esa competencia a un cuerpo específico (en España, por ejemplo, la Guardia Civil vigila las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas que carecen de unidades policiales autonómicas o forales).

Ahora bien, esta regla general tiene su excepción. Y no es menor. Hay un país en el mundo que siente, desde hace más de un siglo, verdadera debilidad por dos tipos de instituciones: las Government Agencies y, derivadas de estas, las Law Enforcement Agencies. En efecto, desde el año 1915 en que se constituyó la Federal Trade Comisión (FTC), primera agencia gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores y combatir los monopolios, centenares de ellas se desenvuelven en los Estados Unidos en todos los ámbitos, desde la agricultura a la investigación espacial, pasando desde luego por la seguridad, como fórmula organizativa general, dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, y que, paralelamente, refuerza los mecanismos de control de eficacia, promoviendo una cultura de responsabilización por resultados.

Pues bien, si ustedes pasean la First St. de la ciudad de Washington y llegan al imponente atrio neoclásico del Tribunal Supremo Federal, allí no verán agentes del  Metropolitan Police Department of the District of Columbia (MPDC), lo que sería nuestra policía local ordinaria; ni de la District of Columbia Protective Services Division (PSDDC), sección policial encargada de dispensar servicios de seguridad a las instalaciones bajo control del Gobierno del Distrito de Columbia; ni de la United States Park Police (USPP), los agentes federales que vigilan los monumentos conmemorativos esparcidos a lo largo del Mall; ni tampoco a los uniformados del legendario United States Secret Service Uniformed Division (USSS UD), ni del Federal Protective Service (FPS), la división de policía de seguridad uniformada de la Dirección Nacional de Protección y Programas del Departamento de Seguridad Nacional, ni nunca a los agentes uniformados del FBI; ni a los miembros del Court Security Officers, la rama del US Marshals Service encargados de la protección de las sedes judiciales del país ni, finalmente, a los policías de la US Capitol Police (USCP) que protegen las instalaciones y congresistas de la colina del Capitolio…

Insisto, en un país en el que la Casa de la Moneda (US Mint Police), el servicio de Correos (US Postal Police) o el Departamento de Asuntos de Veteranos (US Department of Veterans Affairs Police) tienen su singular y específico cuerpo de policía, cómo el Tribunal Supremo Federal no iba a contar con el suyo propio.

De esta forma, y desde 1935 –año en que la Corte Suprema estrenó su actual sede–, los ciento cuarenta y cinco oficiales de la Supreme Court Police (SCP) –autorizados desde 1982 a portar armas de fuego– tienen encomendada la tarea de garantizar la integridad de la misión constitucional de la Corte Suprema, protegiendo el edificio, los jueces, los empleados, los invitados y los visitantes, de conformidad con lo dispuesto en las 28 U.S.C. § 672 y 40 U.S.C. § 6121, todo ello bajo la supervisión del Marshal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien responde directamente ante la propia institución que le nombra, por delante de su Presidente y del Fiscal General. Además de dirigir a la Policía del Tribunal Supremo, esta figura asiste a las sesiones y vistas públicas; ejecuta las órdenes emitidas por el Tribunal; custodia los bienes de los Estados Unidos empleados por el Tribunal o sus miembros; interviene las autorizaciones de obras de mejora del Tribunal, las adquisiciones de material bibliográfico e informativo, los gastos acreditados de litigantes y, nótese, es el encargado de satisfacer las nóminas del Presidente del Tribunal Supremo, los jueces asociados y todos los funcionarios y empleados del Tribunal. 

Este singular cuerpo policial, cuyos miembros se forman, como otros tantos, en el complejo federal (FLECTC) de Glynco (Georgia), se estructura en agentes uniformados; Servicio de Protección; Unidad de Evaluación de Amenazas; Unidad de Investigación de Antecedentes; Guardia de Honor; Escuadrón de Respuesta Rápida; artificieros y Unidad Canina. Esta law enforcement agency tiene suscrito un acuerdo de colaboración con los antes citados US Marshals para los casos en que alguno de los nueve jueces del Tribunal viajen por Estados Unidos, para que sean éstos quienes presten el servicio de seguridad en sus desplazamientos.

Hasta la fecha, el único incidente reseñable en que ha estado involucrado un juez del Tribunal Supremo y su policía se produjo en 2004, cuando el juez Souter, gran aficionado al jogging, fue atacado mientras entrenaba, resultando herido. La Policía de la Corte Suprema respondió a la agresión y trasladó al Justice a un hospital cercano. Un asunto ciertamente menor si se compara con la trágica relación de jueces del Tribunal Supremo español asesinados por las bandas terroristas ETA y GRAPO en su historia. Sirva esta pieza como reconocimiento tanto a los magistrados José Francisco Mateu Cánoves, Miguel Cruz Cuenca, Rafael Martínez Emperador, José Francisco Querol Lombardero y su escolta Jesús Escudero García y su conductor Armando Medina Sánchez, como a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que velan por la seguridad de quienes administran justicia.

Raúl César Cancio Fernández

Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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Raúl César Cancio Fernández
Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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