La mala gestión de documentos oficiales por parte del gobierno estadounidense no es nueva. Atrás queda el mal uso del correo electrónico privado de Hillary Clinton y, a la documentación incautada en la mansión de Trump en Florida, se le suman ahora los documentos de Biden en su etapa de vicepresidente de la Administración Obama (2009-2017) y, conocidos ayer, los del vicepresidente Pence durante la Administración Trump (2017-2021).
La legislación estadounidense sobre el tratamiento de los documentos oficiales y clasificados de los presidentes se rige por la Ley de Registros Presidenciales y Vicepresidenciales, promulgada en 1978. La normativa regula los registros oficiales de presidentes y vicepresidentes creados o recibidos después del 20 de enero de 1981, estableciendo y exigiendo la preservación de todos los registros presidenciales y su remisión, una vez finalizado el mandato, a los Archivos Nacionales. Cabe destacar que esta práctica se diseñó con el objetivo de contar con toda la documentación para permitir su acceso público cinco años después de la finalización del mandato (con excepción de las reservas previstas por la ley). La idea que subyace es que, a través de estos documentos, se puede realizar una suerte de rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder, al tiempo que se evidencia la historia de Estados Unidos como nación, reflejada en una documentación que se considera, además, bien de propiedad pública.
El descubrimiento de documentación oficial clasificada como Top Secret y Sensitive Compartmented Information en poder del actual presidente Biden, de su predecesor Trump y del ex vicepresidente Pence convierten el asunto de la custodia de los papeles secretos en una paradoja: por un lado, ante unos hechos de suma gravedad, su importancia queda diluida cuanto mayor es el número de políticos implicados máxime como es el caso, cuando están involucrados tanto republicanos como demócratas.
Se están tratando de configurar dos relatos diferenciados en función de la cantidad, la localización, la preservación y la intencionalidad en la posesión de la documentación. No obstante, lo único indiscutible es que se ha producido una mala praxis mantenida en el tiempo por varias administraciones y, en el caso de Biden, con la circunstancia adicional de que ostenta actualmente el cargo de Presidente de Estados Unidos.
Hay cuestiones de calado que conviene analizar pormenorizadamente dada la complejidad del asunto. Por un lado, el doble rasero que denuncian los republicanos con respecto al tratamiento de un hecho común: estar en posesión de documentos clasificados, cuando estos deben ser devueltos una vez que concluye el mandato. Por el contrario, los demócratas aluden a la actitud obstruccionista del expresidente Trump frente a la colaboración prestada por el equipo de Biden. Esta politización nos lleva al eco mediático que está teniendo el asunto: tanto republicanos como demócratas han intentado usar este escándalo como arma arrojadiza. Cabe destacar las declaraciones del propio Biden en una entrevista realizada en septiembre de 2022, a raíz de los Papeles de Trump: «¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?».
Adicionalmente, a nadie se le escapa el timing electoral de los Papeles de Biden. Las primeras informaciones sobre la existencia de documentación del Presidente son del día 2 de noviembre, apenas 6 días antes de las elecciones midterm, donde los demócratas consiguieron mantener el poder en el Senado. ¿Hubiera cambiado el resultado de conocerse previamente hechos de este calibre?
Por último, la batalla a futuro se va a desencadenar en torno a dos factores: la narrativa y las implicaciones legales y políticas. Los casos de Biden y Trump son asimilables para la opinión pública, que no consigue distinguir los matices y las sutilezas. Así, el polarizado pueblo estadounidense no entendería que ante hechos similares existieran consecuencias dispares. En este sentido, la traumática salida de Trump de la Casa Blanca, junto con la degradación institucional del país –cuyo punto álgido tuvo lugar con el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021– junto a las campañas de desinformación, hacen necesario que este asunto se trate de la manera más aséptica posible.
¿Qué futuro les deparan tanto la justicia como la política a los implicados? Los tres mandatarios son posibles candidatos a las presidenciales de 2024. En el caso de Biden, se espera que aclare las dudas sobre su candidatura el próximo 7 de febrero en el discurso del estado de la Unión. En cuanto a los republicanos, el partido se enfrenta a un momento de fragmentación, con la dificultad mostrada con el nombramiento de McCarthy en el Congreso, la batalla seguirá con los precandidatos a 2024: Trump despejó el misterio y se ha postulado, mientras que otros estarían aún pendientes de anunciarlo, destacando DeSantis, hombre de moda y actual gobernador de Florida o el propio Pence. Ambos exmandatarios –Trump y Pence– deberán solventar sus posibles implicaciones penales si estas llegan a materializarse, mientras que para Biden no se esperan represalias mientras tenga la inmunidad que le garantiza el cargo.
En definitiva, estamos ante una cuestión de primer orden legal convertida gradualmente en un mero asunto político. El mar de fondo en el país pasa por la superación de lo que inicialmente supuso un escándalo sin descartar que se produzcan nuevos episodios y que los expertos planteen una revisión con respecto a los sistemas de custodia de la documentación.
Escrito por Raquel Barras Tejudo, doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado; European Master ‘s Degree on Human Rights and Democratisation por el European Inter-University Center; Politóloga (UCM). Miembro del Grupo de Investigación UNISCI y del Centro de Seguridad Internacional (UFV). Ha completado programas de postgrado en el IESE Business School y Georgetown University. Sus principales áreas de investigación son la seguridad internacional con especial atención al espacio Mediterráneo ampliado, Norte de África, Sahel, África Occidental; así como los aspectos de la seguridad relacionados con el crimen organizado, terrorismo, cambio climático, demografía y movimientos migratorios. Ha trabajado como asesora en el Congreso de los Diputados, en Presidencia del Gobierno de España, en el Departamento de Seguridad Nacional y, actualmente, en la Comunidad de Madrid.
