<i>The American One Hundred Fifty Five</i>

The American One Hundred Fifty Five

El debate jurídico-político que a continuación se reproduce ocurrió hace más de un siglo y medio. Cambien nombres y escenarios a su antojo pero, como en Fargo, por respeto a los muertos, todo lo demás se relata tal y como ocurrió.

Carolina del Sur fue el primer estado de la Unión que definió la elección de Abraham Lincoln como un «acto hostil hacia la organización social y los intereses peculiares» de los estados sureños esclavistas. Desde ese momento, las cuestiones constitucionales relacionadas con la secesión y la coerción federal (art. I. sección octava y art. IV. sección cuarta de la Constitución de los Estados Unidos) se debatieron ampliamente antes de que el conflicto se convirtiera en puramente militar. A medida que los estados del Sur dieron a conocer su intención de separarse, la pregunta nuclear fue si el gobierno federal podría obligarlos a permanecer en la Unión.

James Buchanan, el presidente saliente en 1860, mantenía que la secesión era inconstitucional, aunque sostenía sin embargo, que el gobierno de Washington carecía del «poder por las armas para obligar a un estado a permanecer en la Unión», dado que la coacción no figuraba entre los poderes reconocidos al Congreso, siguiendo la exégesis constitucional defendida por Madison en la Convención de Filadelfia sobre la impracticabilidad del uso de la fuerza contra los estados: «The Union was based on the people and that the Constitution [did not place] the sword in their hand to preserve it by force.»

Buchanan advertía además, que el ejecutivo federal había perdido el control de la «maquinaria del Gobierno Federal» en Carolina del Sur. En otras palabras, la orfandad federal en forma de ausencia de jueces y funcionarios federales en esa región hacía «impracticable» que el presidente cumpliera con su deber constitucional «de asegurar que las leyes se aplicaran fielmente».

Si un unionista como Buchanan pensaba esto, imaginen a un furibundo secesionista como el senador por Misisipi y futuro presidente confederado, Jefferson Davis. A su juicio, había una diferencia fundamental entre coaccionar a un estado que era miembro de la Unión −en referencia a la Crisis de Anulación de 1832− y apremiar a un Estado que ya se había separado; al alienarse de la Unión, los territorios al sur de la Línea Mason-Dixon se convertirían en «países extranjeros» y, consecuentemente, extramuros de la legalidad federal. El derecho de la revolución se invocaba como «un derecho natural» inherente a las personas de cualquier estado, de manera que cuando cualquier forma de gobierno deviniera destructiva de los «derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad», sería legítimo el derecho del pueblo a alterarlo o abolirlo.

La coerción federal, tan zaherida, recibió sin embargo un espaldarazo definitivo con la llegada de Lincoln al poder:

«¿Qué es, entonces, “coerción”? ¿Qué es “invasión”? (…) si el Gobierno, por ejemplo, simplemente insiste en conservar sus propios fuertes o retomar los que le pertenecen, o en hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en el cobro de derechos sobre importaciones extranjeras, o incluso en la retirada de los correos de aquellas partes del país donde aquellos son habitualmente violados; ¿alguna o todas estas cosas serían coacción? ¿Los amantes de la Unión afirman que resistirán la coacción o la invasión de cualquier estado, entendiendo que alguno o todos ellos estarían coaccionando o invadiendo un estado? Si lo hacen, entonces se me ocurre que los medios para la preservación de la Unión que tanto aman, en su propia estimación, son de un carácter muy liviano».

Para el decimosexto presidente de los Estados Unidos, la Constitución le habilitaba para el ejercicio de la coerción federal, al considerar a la Unión como un ente perpetuo, resultando un delirio moral y político que una minoría pudiese destruirla: «Los estados tienen su estatus en la Unión, y no tienen ningún otro estatus legal. Si se apartan de esto, solo pueden hacerlo contra la ley y por la revolución». Un Estado no podía retirarse de la Unión por una simple decisión unilateral, porque tal pretensión suponía una quiebra constitucional y una vulneración de los derechos del resto de ciudadanos norteamericanos.

Lincoln, como hiciera Jackson tres décadas antes, hizo un llamamiento a sus «compatriotas insatisfechos» para que cohonestaran sus reivindicaciones con el Estado de derecho, advirtiendo no obstante que su posición y su responsabilidad le exigían el empleo de la fuerza, si fuese necesario, para evitar la secesión. Cuando los primeros disparos se efectuaron en Fort Sumter el 12 de abril de 1861, señalándose con ellos el inicio de la Guerra Civil Americana, se adelantó casi un siglo el pensamiento kelseniano, según el cual el derecho es aquella técnica social consistente en obtener de los hombres el comportamiento social que se desee, por medio de la amenaza de una medida coercitiva aplicable en caso de conducta contraria.

Raúl César Cancio Fernández

Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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Raúl César Cancio Fernández
Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2003 pertenece al Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo y desde 2013, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal; analista del equipo de Análisis Jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del CGPJ; relator de jurisprudencia de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea. Tiene dieciséis libros editados y casi doscientos artículos publicados en revistas especializadas. Participa en el Practicum de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III; miembro del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y ponente habitual en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.

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