La primera ley de 2014 relacionada con la inmigración, votada y aprobada por la Cámara de Representantes estadounidense y con toda seguridad rechazada en el Senado, permite a los congresistas denunciar más fácilmente el incumplimiento de la actual legislación migratoria por parte de la Casa Blanca. Se trata de una bofetada a las negociaciones que ambos partidos mantienen para llevar a cabo una reforma migratoria real. Barack Obama ha respondido al desafío republicano pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional “humanizar” las deportaciones.
Nos despertábamos el pasado martes con una nueva avalancha de inmigrantes que cruzaban de forma irregular a la ciudad autónoma de Melilla. Alrededor de 500 subsaharianos saltaban esa valla que aleja algo más que países, nacionalidades o culturas; separa, además, dos economías. Si se analizan los datos de la Eurozona, la renta per cápita de esta es 17 veces superior que la del África subsahariana. Comparativamente, la disparidad económica entre los Estados Unidos y México es muy inferior a la existente entre Europa y África: la renta per cápita estadounidense es “tan solo” 3,5 veces más alta que la de su vecino del sur. Mientras en la Unión Europea la presión migratoria parece no tener impacto sobre la opinión pública, en Estados Unidos cada vez cobra más fuerza el debate sobre las deportaciones y la reforma migratoria que el presidente Obama pretende y que requiere, necesariamente, de un acuerdo bipartidista que no llega en la Cámara de Representantes.
Desde que alcanzó el poder, la administración Obama ha repatriado cerca de 2 millones de indocumentados, la mayoría latinos. Ante tal cantidad de deportaciones, la activista Janet Murguía ha llamado al presidente “deporter-in-chief”, y lo ha acusado de ser el presidente que más ilegales ha expulsado. No solo los latinos han expresado su disconformidad con las leyes de inmigración vigentes. En su reciente visita a la Casa Blanca, el “Taoiseach” (primer ministro) irlandés Enda Kenny también expresó su queja ante Obama, el vicepresidente Biden, y el “Speaker” de la Cámara, John Boehner sobre las políticas migratorias estadounidenses que, a su juicio, son discriminatorias. Como reconocía el “Taoiseach”, unos 50.000 irlandeses viven de forma irregular en Estados Unidos a la espera de una reforma de la ley que les permita conseguir un estatus de legalidad y que allane su camino hacia la ciudadanía.
Alcanzar un acuerdo con los republicanos que legalice a los 11 millones de indocumentados que están en el país parece muy lejano. Así lo ha asegurado John Boehner, para el que la reforma migratoria no pasará el trámite de la Cámara a lo largo de este 2014. Tanta presión ha hecho que, finalmente, el presidente Obama se haya decantado por atemperar la política de deportaciones y hacerla más “humana” dentro de los límites de la ley. Esta decisión presidencial se ha comparado con aquella que en la primavera del 2012 dejó en el aire la deportación de cientos de miles de “dreamers”. La nueva postura de la administración Obama ha convertido la inmigración en foco del debate político partidista ante las próximas elecciones parciales. Republicanos y demócratas ya están adaptando sus discursos sobre las regularizaciones masivas al nuevo contexto político para conseguir el apoyo de sus bases. Mientras, en la vieja Europa nunca pasa nada.
