El Día Mundial del Medio Ambiente en el Imperio de Trump

El Día Mundial del Medio Ambiente en el Imperio de Trump

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Escribo “conmemora” y no “celebra”, porque hay poco que celebrar sobre nuestro comportamiento depredador con el entorno y menos aún en Estados Unidos, el país que acumula el 40% de la deuda ambiental del mundo, un débito que se ha ido incrementando desde la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2017.

La turbulenta presidencia de Trump ha traído consigo una oleada de cambios, unos ejecutados y otros anunciados, en la política ambiental estadounidense. Muchos de ellos tienden a revertir las políticas de la era Obama que apuntaban a frenar el cambio climático y limitar la contaminación ambiental, mientras que otros amenazan con limitar la financiación federal para la ciencia y el medioambiente.

En tres artículos publicados en este mismo blog (1, 2, 3) me he ocupado de la política ambiental de la Administración republicana. La última entrada se publicó el 7 junio de 2017, inmediatamente después del desastroso anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Remito al lector a ellas para conocer los antecedentes y me limitaré ahora a hacer una cronología de las acciones más importantes adoptadas desde entonces por Trump y su equipo de pirómanos medioambientales.

El mes de agosto fue particularmente fecundo. El 10, un informe publicado por la organización sin ánimo de lucro Environmental Integrity Project afirmaba que entre enero y julio de 2017, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había presentado menos denuncias contra las empresas por violar las leyes de control de la contaminación que las que realizó durante los primeros meses de las administraciones de Clinton, George W. Bush y Obama.

Pese a que los informes científicos pronostican que, debido al cambio climático, las ciudades norteamericanas sufrirán más inundaciones en los próximos años, el 15 de agosto el presidente firmó una orden ejecutiva para revocar las normas federales de riesgo de inundación que incorporaban el aumento del nivel del mar pronosticado en los informes científicos sobre cambio climático. En enero de 2015, la Administración Obama dictó la orden ejecutiva 13690, que exigía que los proyectos financiados con fondos federales para reducir los riesgos por inundaciones tuvieran que basarse en «[…] la incorporación de métodos de cálculo que integren los cambios actuales y futuros en las inundaciones basados en informes científicos sobre el cambio climático».

El 18, la Administración suspendió el proyecto de investigación sobre los riesgos para la salud de los residentes que viven cerca de minas de carbón a cielo abierto en los montes Apalaches. En una carta firmada ese día, el Departamento de Interior exigió a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina que cesaran inmediatamente todas las actividades de ese proyecto, al tiempo que anunciaba que emprendía la revisión de todos los estudios similares con costes superiores a cien mil dólares.

En septiembre hubo un respiro, pero el 9 de octubre, el New York Times anunció que la EPA estaba lista para retirar el Plan de Energía Limpia (CPP), el eje del esfuerzo de la Administración Obama para combatir el cambio climático. La EPA cumplía así los designios de Trump, que en la campaña había calificado al CPP como una carga injusta para la industria del carbón. El CPP ordenaba, entre otras medidas, que las emisiones de carbono del sector energético estadounidense se redujeran en un 32% desde 2005 a 2030, recortando así el mayor contribuyente a la huella de carbono global del país. Más allá de los posibles riesgos climáticos, los expertos han criticado la derogación por razones de salud pública. La EPA de la Administración Obama había estimado que el CPP aportaría hasta 54 000 millones de dólares en beneficios climáticos y de salud pública, evitando entre 1.500 y 3.600 muertes prematuras y 90 000 ataques de asma en niños.

Por si acaso la industria de los combustibles fósiles no había recibido una buena canonjía con la derogación del CPP, el 23 de octubre el Departamento del Interior sacó a subasta las concesiones de petróleo y gas más grandes de la historia. En total, la licitación afecta a una superficie mayor que la mitad de la Península Ibérica, 32 millones de hectáreas de aguas federales en el Golfo de México. La EPA ha estimado que la quema de los combustibles fósiles contenidos en esas aguas agregará el equivalente a más de 28 000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, más de cinco veces la huella de carbono total de los Estados Unidos en 2016.

En un discurso pronunciado en Salt Lake City el 4 de diciembre, Trump anunció su intención de reducir drásticamente el tamaño de dos monumentos nacionales de Utah establecidos por sus predecesores. Cumpliendo con una intención filtrada en dos documentos gubernamentales, Trump anunció que reduciría en un 85% el medio millón de hectáreas del Bear Ears, creado por el presidente Obama a fines de 2016, y dejaría casi en la mitad el Grand Staircase Escalante, de 700 000 hectáreas, designado por el presidente Clinton en 1996. Gracias a esos cambios, los terrenos liberados quedarán libres para la práctica del fracking.

El 18 de ese mismo mes, Trump anunció que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional ya no consideraría el cambio climático como una amenaza para la seguridad estadounidense. La postura marca un cambio radical con la política de Obama, quien, siguiendo las recomendaciones del Military Advisory Board, describió en 2015 el cambio climático como “una amenaza urgente y creciente para nuestra seguridad nacional“.

Un informe de 10 de enero de 2018 reveló que en el primer año de Trump, los sitios web del Gobierno se habían ocupado sistemáticamente de reducir, cuando no de eliminar, las menciones del cambio climático. El informe dice que varias agencias gubernamentales, especialmente la EPA, habían eliminado o reducido su contenido web sobre cambio climático.

En un breve memorándum fechado el 25 de enero, que atendía a las presiones de los lobbies industriales y republicanos, la EPA eliminó una medida de la era Clinton, la OIAI, que apuntaba a reducir la contaminación. “Esta es una de las acciones más peligrosas que la EPA de Trump ha tomado contra la salud pública”, dijo en un comunicado John Walke, director de aire limpio en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC).

El Washington Post informó el 31 de enero que en su presupuesto para 2019, la Administración Trump quería recortar el 72% del presupuesto del Departamento de Energía dedicado a energías renovables y eficiencia energética, una medida que subraya aún más el apoyo declarado de Trump a las industrias de combustibles fósiles. Las noticias sobre los recortes propuestos se produjeron un día después de que el presidente Trump elogiara el “carbón limpio y hermoso” en su discurso sobre el Estado de la Unión, y varios días después de que anunciara fuertes aranceles sobre los paneles solares importados.

En esa misma propuesta de presupuesto, la Administración Trump propuso amplias reducciones a los programas para estudiar y mitigar los efectos del cambio climático, y recortes en la investigación sobre energía renovables, entre otros uno del 55% en los programas de I+D aplicados por el Departamento de Energía y otro de casi el 40% para la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Desnudar a estos santos para vestir a otro: el presupuesto incluía varios aumentos en el gasto en combustibles fósiles, entre ellos 281 millones adicionales en I+D en dichos combustibles, de los cuales 200 millones se gastarían en “carbón limpio”, como si pudiera existir tal cosa.

Como hizo en 2017, el presupuesto también proponía eliminar varias misiones de investigaciones sobre contaminación y cambio climático de la NASA, incluyendo PACE y OCO-3, y el cierre de los instrumentos orientados hacia la Tierra a bordo del DSCOVR, que ya está en vuelo. Estos instrumentos incluyen EPIC, que fotografía continuamente la mitad iluminada por el sol de la Tierra para medir el balance energético del planeta, algo imprescindible para ejecutar la Iniciativa Global de Cambio Climático del Departamento de Estado que, por supuesto, Trump quiere eliminar. El objetivo principal del programa es ayudar a otros países a enfrentar mejor los impactos del cambio climático.

En un comunicado de prensa del 2 de abril, Pruitt anunció que el Gobierno revisaría los estándares de eficiencia de consumo de la Administración Obama para automóviles y camiones ligeros, el primer paso en la reversión de uno de los mayores esfuerzos de Estados Unidos para frenar las emisiones de carbono. En general, el programa de Obama habría reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en 6.000 millones de toneladas, más que el total de dióxido de carbono emitido en el país durante 2016.

El 24 de abril, el incansable dinamitero Pruitt implantó una norma mediante la cual la EPA solo admitiría estudios científicos cuyos datos fuesen públicos. Gran parte de los datos que se excluirían se basan en revisiones de información de salud de las personas, que a menudo no están disponibles al público debido a leyes de privacidad o a complicaciones prácticas. La industria y los grupos conservadores habían pedido este cambio desde hacía tiempo, mientras que, a través de una carta, casi mil científicos le pidieron a Pruitt que abandonara esa propuesta, la cual “debilitaría en gran medida la capacidad de la EPA para tener en cuenta la evidencia científica, [que] tendría un impacto enorme y negativo en la capacidad de la Agencia para hacer cumplir la ley y proteger la salud de las personas”.

Y como colofón, la revista Science informó el 9 de mayo que la Administración Trump había puesto fin al Sistema de Muestreo de Carbono de la NASA (CMS), una inversión para financiar programas piloto destinados a mejorar el muestreo de las emisiones globales de carbono. Los investigadores en cambio climático dicen que el trabajo respaldado por la CMS es particularmente relevante para el Acuerdo de París, especialmente para verificar si todas las naciones están cumpliendo realmente sus promesas de reducir las emisiones de carbono.

Y así están, de momento, las cosas del medio ambiente en Trumplandia, el imperio de Trump. Seguiremos informando.

Manuel Peinado

Investigador del Instituto Franklin-UAH y catedrático de la Universidad de Alcalá.

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad de Alcalá ha sido secretario general, secretario del Consejo Social, vicerrector de Investigación y director del Departamento de Biología Vegetal. Es también director de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Es especialista en el estudio de la vegetación del oeste de Norteamérica, donde ha llevado a cabo su investigación desde 1989, cuyos resultados han sido publicados en una cincuentena de artículos científicos.

Author

Manuel Peinado
Investigador del Instituto Franklin-UAH y catedrático de la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad de Alcalá ha sido secretario general, secretario del Consejo Social, vicerrector de Investigación y director del Departamento de Biología Vegetal. Es también director de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Es especialista en el estudio de la vegetación del oeste de Norteamérica, donde ha llevado a cabo su investigación desde 1989, cuyos resultados han sido publicados en una cincuentena de artículos científicos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *