La Administración Obama está viviendo una de las semanas más complicadas desde que llegó al poder con escándalos y denuncias que ni siquiera cabría esperar que aparecieran en las series y películas de ficción ambientadas en Washington DC en apenas diez días.
A la apertura de la investigación de los ataques de Bengasi en la Cámara de Representantes y la expulsión de Rusia de un posible espía norteamericano, se han sumado la denuncia de la agencia de noticias Associated Press (AP) por una supuesta investigación encubierta por parte del Departamento de Justicia a varios de sus periodistas y la suposición de que Hacienda revisó de forma exhaustiva los movimientos relacionados con el Tea Party en las pasadas elecciones. Algo que, de demostrarse, supondría que el gobierno de Obama utilizó instrumentos y recursos del estado con fines políticos.
La denuncia de AP ocupa desde el martes portadas de todos los medios norteamericanos ante unos hechos que el propio director de la agencia, Gary Prutt, ha calificado de “sin precedentes”, “sin justificación alguna” y como “una intromisión al trabajo de sus redactores”.
Según lo expuesto por AP ante el fiscal general del Estado, el Departamento de Justicia habría pinchado los teléfonos tanto móviles como fijos de, al menos, 20 de sus periodistas y el teléfono de la agencia en el Congreso durante abril y mayo del año pasado. Sin una confirmación por parte de ningún organismo público y teniendo en cuenta las fechas de la investigación el motivo podría ser el de encontrar al responsable de haber filtrado información sobre una operación del Pentágono en Yemen en 2012.
A la espera de que el presidente haga declaraciones sobre esta cuestión, su portavoz, Jay Carney, ha insistido en que el presidente no está al tanto de todas las operaciones del Departamento de Justicia, mientras que el propio fiscal general, Eric Holder, ha mostrado su preocupación por el hecho de que no se pidiera la información necesaria de forma clara y directa a AP en caso de que se demuestre que se grabaron las conversaciones telefónicas de periodistas de la agencia de Washington DC, Nueva York y Connecticut.
Este escándalo ha levantado el debate sobre las libertades de los periodistas en el país, cuestión que el propio Carney ha mencionado en rueda de prensa, defendiendo a su presidente y recordando que es un “firme defensor de la libertad de prensa”.
Una semana complicada para Obama y su equipo que se enfrentan a denuncias y rumores que podrían desgastar seriamente su imagen y su credibilidad ante los ciudadanos y el mundo.
