El Departamento del Tesoro sorprendió hace unos días con una decisión que vuelve a poner en primera línea de la política norteamericana el debate sobre la adecuación o no de la reforma sanitaria, el Health Care o Obamacare. El departamento anunció el retraso de un año más para la puesta en funcionamiento de la obligación de las empresas de 50 o más trabajadores de proporcionar a sus empleados un seguro médico a partir de 2014 o enfrentarse a multas de 2.000 dólares.
Una noticia que se ha recibido con diferente entusiasmo entre los distintos bandos involucrados. Por un lado, los más beneficiados, son los empresarios que han conseguido, tras meses de trabajo, retrasar uno de los puntos clave de la reforma que según ellos no es viable y va a producir más daño que beneficio entre los trabajadores.
También se anotan un punto tras esta decisión los miembros del Partido Republicano. No sólo les da un motivo más para atacar a los demócratas de cara a las elecciones de medio término de noviembre (ya que la reforma no se instaurará completamente el 1 de octubre como se esperaba) sino que les da pruebas para seguir demostrando lo que, en su opinión, es una ley deficiente y compleja.
Por su parte, los representantes del Partido Demócrata, en principio los más perjudicados, han defendido este imprevisto como un mero retraso en la aplicación de la reforma que da más tiempo a los empresarios para adecuarse a las nuevas leyes o una muestra más de la “flexibilidad del gobierno” y como algo necesario “ya que es mejor hacer las cosas bien que rápido”, según declaró Adam Jentleson, portavoz del senador por Nevada Harry Reis.
Esta explicación es la que también ha publicado la asesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, a través de una entrada en el blog oficial de la Casa Blanca, donde asegura que el gobierno ha escuchado durante la elaboración de la reforma a todos los actores involucrados, incluidos los empresarios. Para Jarrett este retraso no es más que “un aumento de tiempo para que el empleador se adapte a las nuevas reglas” y también un margen para “simplificar y reducir la burocracia del proceso de presentación de informes”, uno de los puntos que los empresarios más discutían ya que conllevaba una gran inversión de tiempo y dinero para cumplir con todos los requisitos establecidos en el Obamacare.
A la espera de ver cuáles son las consecuencias políticas de esta decisión, el Departamento del Tesoro trabajará durante los próximos meses para presentar, a finales de este verano y tras hablar con todas las partes afectadas por esta reforma, un conjunto simplificado de reglas que beneficien a todos.
