El Día de la Tierra, Earth Day, celebrado el 22 de abril desde 1970 constituye una celebración tan conocida en Estados Unidos –y en el resto del mundo– que, aunque el Día Mundial del Medio Ambiente, World Environment Day, sea celebrado el 5 de junio a lo largo y ancho del planeta, apenas se conoce allí. En el fondo ese desconocimiento tiene su explicación.
EE. UU. fue el país que por primera vez implantó, en la “década ambiental prodigiosa” del 69 al 79 (desde la promulgación de la pieza clave, la National Environmental Policy Act, NEPA, hasta la llegada de Reagan, aunque este la continuó utilizando mecanismos de mercado), la protección del medioambiente como función esencial del estado contemporáneo, un paso más allá del estado liberal del siglo XIX y del estado social de la primera mitad del siglo XX. Se creó así el primer entramado institucional general y sectorial, político, jurídico, científico y de gestión administrativa y regulación de los mercados, centrado en la necesidad de preservar el medio ambiente (incluidos, grandes “inventos” como las evaluaciones de impacto ambiental y una agencia a nivel gubernamental –la Environmental Protection Agency, EPA– para hacer valer dicha protección al máximo nivel, hablando de tú a tú al resto de los departamentos gubernamentales). Solo tres años después esas ideas se habían extendido por todo el mundo. En su origen, habían sido realmente una iniciativa popular, un grassroot movement, cuya llamada a una celebración espontánea el 22 de abril de 1970 se extendió como la pólvora desde el Distrito Federal de su capital al resto de los Estados y al resto del mundo. No es de extrañar que el 22 de abril se siga siendo celebrado el Earth Day por doquier como el auténtico día del planeta y del medioambiente.
No toca hoy, 5 de junio, celebrar ese hito sino el del reconocimiento mundial de que esa creación tenía carácter universal. Convocada la primera cumbre ambiental mundial en Estocolmo en 1972 no solo aprobó los célebres Principios del orden ambiental global y creó la agencia a nivel internacional (el mal llamado “Programa” PNUMA) sino que de manera “oficial” dedicó el 5 de junio a esa visión global: el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebra con Pakistán como país anfitrión.
Este gran pacto de 1972 se vio en parte descompuesto 20 años después, cuando se empezaron a poner en marcha políticas más ambiciosas. Si bien las políticas clásicas habían generado consenso en sus grandes líneas (contaminación del aire, agua y suelo, gestión de sustancias y residuos peligrosos, etc.), las nuevas, más complejas de abordar, alejaron a EE. UU. de la senda global. En origen de manera “suave”, al no ratificar EE. UU., aunque reconociéndoles valor consuetudinario, los tratados sobre diversidad biológica, OMGs y acceso a recursos genéticos o la gestión del medio marino (CBD & UNCLOS). Pero se exacerbó, por los vaivenes de su política interna, con la no aceptación de obligaciones derivadas del compromiso inicial del tratado marco de la lucha contra el cambio climático (UNFCC 1994), al no ratificar el Protocolo de Kioto de 2012 y abandonar Trump el Acuerdo de París de 2015, con efectos desde el 4/11/2020.
La llegada de Biden a la presidencia revirtió esa última decisión el 19 de febrero de 2021, hasta el punto de que EE. UU. actuó de anfitrión de la Cumbre Mundial virtual del (¡cómo no¡) Día de la Tierra el pasado 22 de abril. La proclamación de dicho día por la Casa Blanca relanzó el liderazgo de EE. UU. de los años 70.
Pero ¿se hará ello realidad? Difícil pregunta, porque la lucha contra el cambio climático está íntimamente unida hoy en día, por ejemplo en la UE, a la agenda digital, a un paquete ambiental más amplio, el “Green Deal”, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abarcan múltiples temas sociales vinculados al sistema de valores (justicia ambiental y sus derivaciones).
La realidad de la UE solo se ha podido visibilizar el pasado 17 de diciembre con la aprobación del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, junto con el Plan Next Generation EU y el presupuesto de 2021.
¿Camina en la misma línea la Administración Biden?
Hace muy pocos días, el pasado viernes 28 de mayo, se hizo público el proyecto de presupuesto para 2022 enviado al Congreso. Llama la atención su enorme gasto, 6 trillones de dólares, el mayor de la historia de EE. UU. (aunque allí un trillón equivale a un millón de millones, no a un millón de billones, como es sabido). ¿Cuáles son las políticas ambientales que refleja el mismo?
Recordando que el ambicioso programa de ayudas directas a la recuperación económica ya está en vigor desde el 11 de marzo, para 2021 y 2022 (American Rescue Plan Act), el nuevo presupuesto deja claro el cambio: la EPA recibiría 11,2 billones de dólares, record histórico también.
Sus prioridades temáticas son: a) limpieza de suelos (los célebres brownfields) y depuración de aguas, en zonas degradadas de baja renta y ciberseguridad en los abastecimientos; c) estudios de sustancias peligrosas y su influencia en la salud pública, de nuevo centrado en la protección de las comunidades más vulnerables; d) revitalización y nuevos programas de justicia ambiental y derechos civiles; e) apoyo a servicios ambientales estatales, locales y de las tribus de nativos americanos; y f) cambio climático y energía, al fin y al cabo ya había anunciado en la proclamación del Earth Day un recorte de entre el 50 % y el 52 % de la emisiones de gases de efecto invernadero sobre las de 2005 para el año 2030.
Todo, pues, en líneas ajustadas al ideal de las políticas globales ambientales.
Con independencia de las negociaciones que ahora tendrán lugar en el Congreso, bienvenido sea, pues, el 5 de junio, también en EE. UU.
Escrito por Enrique Alonso , consejero Permanente de Estado y presidente de la Sección Octava del Consejo de Estado. Máster en Derecho por la University of Virginia (EE.UU.). Gerente medioambiental certificado por la Escuela de Business Administration, Bentley College (EE.UU.) (1999). Hasta junio de 2006 ha sido catedrático UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos; profesor del Monterey Institute of International Studies de California, de la Marshall-Wythe School of Law del College of William and Mary (Virginia, EE.UU.) y de Harvard Law School (Massachusetts, EE.UU.)
