Veinte de enero de 2021: a sus 78 años, un presidente afrontaba el mayor reto de la historia de Estados Unidos desde la Gran Depresión de 1929; y heredaba un país dividido y en plena crispación: solo habían pasado quince días desde que Donald Trump había incitado a la insurrección.
Un hombre que llevaba en su ADN rasgos de moderación y diálogo debía liderar un país escindido en dos bandos en todos los ámbitos, incluido el tradicional consenso en materia ambiental que, desde 1818, había presidido la mayor parte de su historia. Su presidencia podía y debía ser disruptiva, no una simple época de transición política a pesar de que debía afrontar otra enorme transición, la energética.
Apenas había tomado posesión cuando puso en marcha su Revolución de la Energía Limpia, la agenda de política climática de mayor alcance jamás propuesta por un candidato a presidente, ordenó retomar los Acuerdos de París, anunció la intención de alcanzar las cero emisiones en 2035, y promulgó decenas de leyes de protección medioambiental, que comenzaron el 27 de enero cuando firmó varias órdenes ejecutivas por las que se reducían los subsidios para el sector de los combustibles fósiles, se frenaban las nuevas concesiones para la explotación petrolera y de gas en tierras y aguas federales, y se planeaba la protección del 30% de las tierras y áreas marítimas del país antes de 2030.
Pero en otoño de 2021 la realidad política se impuso. A pesar de todas las expectativas, desde el principio la nueva Administración debía enfrentarse a obstáculos importantes en la implementación de algunas de sus propuestas de mayor alcance. En primer lugar, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes se redujo en una docena de escaños después de las elecciones de 2020, y los demócratas estaban muy divididos entre moderados y progresistas.
Por estas y otras razones, para desarrollar varias de sus propuestas climáticas Biden probablemente debería recurrir a órdenes ejecutivas que, como las que había firmado Obama, podían ser anuladas con la misma rapidez por el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Para complicar más las cosas, Trump había llenado las agencias federales con negacionistas climáticos y nombrado a muchos jueces federales conservadores, además de colocar otros tres en el Tribunal Supremo, lo que podría ralentizar la implementación de las nuevas políticas climáticas que corrían el riesgo de ser anuladas por el sistema judicial federal.
En 2022 Biden recuperó crédito en materia ambiental cuando la Cámara aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, que incorporó algunas de sus propuestas sobre cambio climático. La inversión de más de 369.000 millones de dólares en la «acción más agresiva jamás realizada […] para enfrentar la crisis climática y fortalecer nuestra seguridad económica y energética», ayudaría a promover soluciones climáticas que se espera que consigan una reducción de emisiones de un 42% por debajo de los niveles de 2005 para 2030.
En 2023 el impulso de Biden a los combustibles fósiles creó una tormenta política en su izquierda. La cercanía de las elecciones, la crisis energética mundial y el hecho de que algunos de los impulsores del crecimiento de los combustibles fósiles no estuvieran totalmente bajo el control presidencial, hicieron que el presidente imprimiera un giro en su defensa del medio ambiente.
Durante la campaña electoral, Biden había sido muy tajante con respecto a lo que haría si ganaba las elecciones: «no más perforaciones en tierras federales. Punto. Punto. Y punto». Una promesa rota en marzo de 2023 cuando el Departamento de Interior aprobó el proyecto petrolero Willow de ConocoPhillips en el inmenso terreno federal de la National Petroleum Reserve (NPR), un proyecto capaz de liberar 287 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.
En su política medioambiental de dar “una de cal y otra de arena”, en septiembre de ese año Biden dio un golpe de timón: el Gobierno canceló los siete arrendamientos restantes de petróleo y gas en el Ártico de Alaska, anulando las ventas realizadas en los últimos días de la Administración de Trump, y propuso protecciones más fuertes contra el desarrollo petrolífero en enormes franjas de la NPR.
Cuando el presidente está afrontando una campaña presidencial que será muy disputada, se enfrenta a la presión de una parte del electorado que jugó un papel clave en su victoria de 2020. Para varias organizaciones ecologistas que lo apoyaron como el candidato presidencial más proactivo en materia climática de la historia del país y, sobre todo, para el electorado joven, Biden ha pasado de ser un líder contra el cambio climático a permitir buscar petróleo en el Ártico.
A pesar de ello, cuatro de las organizaciones ambientalistas más grandes del país respaldan su reelección, porque —sostienen— Biden ha puesto en marcha la mayor legislación climática en la historia de Estados Unidos y «ha hecho más que cualquier otro para promover soluciones climáticas».
Cuestión bien diferente es que los votantes no alineados políticamente lo valoren al introducir la papeleta el martes 5 de noviembre de 2024.