La creación del American Climate Corps es una de las medidas de la administración Biden-Harris para incentivar la lucha contra el cambio climático y está alineada con otras acciones orientadas a la justicia climática. Esto es, intentar que los impactos del cambio climático no agudicen las ya importantes desigualdades sociales. EE. UU., uno de los países que presenta históricamente más emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero, en la actualidad sigue siendo uno de los principales emisores, tanto en términos agregados como per cápita. El partido demócrata ha apostado por mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático a sabiendas que la era de los combustibles fósiles tiene fecha de caducidad -bien por un rendimiento cada vez menor debido a sus mayores costes de extracción- o por razones ambientales. Esta apuesta estratégica no está exenta de riesgos, pero puede ser clave para mantener el liderazgo tecnológico y comercial en un posible futuro planeta descarbonizado.
Los EE. UU. presentan una gran tradición en iniciativas de movilización civil. Así The Corps Network aglutinan en la actualidad más de cien programas de servicios de conservación dirigidos a jóvenes y veteranos que prestan sus servicios en una gran variedad de programas comunitarios. Sin duda el caso más conocido fue el Civilian Conservation Corps diseñado por Franklin D. Roosevelt como parte del New Deal para luchar contra el desempleo durante la Gran Depresión. Esta iniciativa (1933–1942) empleó a unos tres millones de jóvenes desempleados en tareas relacionadas con la restauración del patrimonio forestal e infraestructuras en zonas rurales. El programa ahora iniciado por Biden, bastante menos ambicioso, plantea el cambio climático como un problema existencial y pretende seducir a los estadounidenses en torno a un objetivo común. Un elemento central de este programa es el de generar carreras profesionales a largo plazo relacionadas con energías descarbonizadas y con la resiliencia climática. Esto incluye varios sectores ya que la mitigación y de adaptación al cambio climático son actividades transversales. Por ejemplo, pueden incluir energías renovables, infraestructuras civiles, sistemas de alerta o soluciones naturales como la restauración de ecosistemas entre otros. Otra prioridad es su carácter inclusivo en términos de género y diversidad étnica precisamente por su conexión con la justicia climática. Estas iniciativas pueden generar un retorno económico para el estado, pero también beneficios colaterales, como la consolidación de comunidades más comprometidas con el medio ambiente e idealmente más resilientes frente a los impactos climáticos. A nivel individual el programa puede ser un buen estímulo para que muchos jóvenes consoliden un futuro profesional en sectores emergentes como las energías renovables. El programa pretende movilizar a unos 20.000 jóvenes tanto con una remuneración directa y previsiblemente con otros beneficios como alojamiento o préstamos al igual que en iniciativas similares. El programa no obstante presenta varias indefiniciones que hacen dudar de su eficacia. En primer lugar, los mecanismos de financiación no son evidentes, en parte por las dificultades por la oposición republicana en el Congreso. De hecho, algunas de las tareas propuestas son similares a las de programas ya existentes en algunos estados o en el The Corps Network y la financiación podría venir de recursos de otras agencias estatales como el Departamento de Agricultura o la Agencia de Protección Ambiental entre otras. Por eso el programa podría reducirse a un “re-etiquetado” de programas ya existentes “empaquetados” bajo el paraguas de la causa climática. Sea como sea, en un país con acusadas desigualdades sociales el programa puede ser una buena oportunidad para aliviar algunas desigualdades estructurales e incrementar la resiliencia frente a riesgos ambientales en las comunidades más desfavorecidas. La comparación con España -uno de los países con mayores tasas de desempleo juvenil de la UE- y con un peso relativo del sector público mucho mayor que EE. UU. es obligada. En la mente de todos aparecen las medidas necesarias relacionadas con la prevención de incendios forestales, restauración forestal o vinculados a energías renovables. En España algunas de estas actividades pueden financiarse a través de subvenciones de la Unión Europea como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) o más recientemente mediante fondos de Recuperación y Resiliencia, un elemento del programa Next Generation vinculado a la pandemia. Un denominador común a todas estas políticas públicas ambientales en ambos países es la falta de una evaluación posterior de su eficacia y eficiencia ambiental. Los mecanismos de control se circunscriben a aspectos económicos y contables soslayando por completo su efectividad en relación a las metas ambientales que se dice combatir, a pesar de que la ciencia dispone de herramientas suficientes para su valoración. Esta indefinición en la gestión de riesgos ambientales general dudas importantes sobre la capacidad de las democracias más avanzadas para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
