Bajo los fuegos artificiales que evocan el aniversario de la Declaración de Independencia, la nación donde los sueños y las promesas podían hacerse realidad languidece entre el olvido de su pasado, nunca antes así despreciado, y la creciente incertidumbre ante el porvenir, nunca antes tan impredecible. La sorprendente irrupción del populismo más desaforado en el corazón de la vida política estadounidense es algo para lo que nadie parecía estar preparado.
Acostumbrados a contemplar este fenómeno en la historia europea, especialmente tras la aparición y auge de la nación-Estado, podríamos interrogarnos por las razones de su progresiva expansión a otras regiones allende Europa. Pero este análisis carece de relevancia en comparación con el hecho político principal: que la imitación y adecuación del modelo constitucional estadounidense en terceros países jamás haya dado como fruto nada parecido a la República americana.
Realmente se hace difícil en estos días de conmemoración con motivo del 4 de julio, dejar de lado la perplejidad y pensar que estamos ante un episodio más de crisis en el seno de la República. El modo de entender la política por parte de la nueva administración abre de hecho una distancia tan abismal con respecto al acto naciente de la Declaración de Independencia, que sobran razones para pensar que las fuentes se han secado, que el tiempo que va de una a otra revela hoy un principio y un fin bastante definidos. Quizá sea pronto para afirmarlo. Con todo, queda en pie el hecho incuestionable de que la República americana ha sabido mantenerse apartada de las tendencias asentadas en la tradición europea hasta hace bien poco, y que su éxito sin precedentes a lo largo de más de dos siglos fue posible debido a su orgullosa fidelidad al espíritu de los Padres Fundadores y al modo sin precedentes en que estos decidieron fundar un marco político perdurable sostenido en base a la aprobación libremente consentida de un orden constitucional.
Es bien sabido que en la concepción republicana se erigió un tipo de ciudadanía no basada en la pertenencia a un territorio o a una etnia, como tampoco por compartir una cultura determinada, una lengua o una historia común. En palabras de H. Arendt, “uno deviene ciudadano de la República por el simple asentimiento a la Constitución”. El peculiar acierto de los Padres Fundadores jamás perdió de vista las experiencias originales que guiaron su lucha en el levantamiento contra la Metrópoli. Con el recuerdo vivo de los motivos que llevaron a la guerra de Independencia, los artífices de la constitución trataron en todo momento de no confundir la libertad del dominio exterior con la soberanía nacional, entendida esta última como el derecho ilimitado a prevalecer sobre cualquier asunto concerniente a política exterior. En las deliberaciones que precedieron a la creación de un nuevo espacio de libertad, la prudencia que caracterizó a los Padres Fundadores previno frente a una idea de Estado construida sobre el concepto de soberanía.
El otro de los elementos distintivos de la República apuntalado por los Padres Fundadores fue el célebre sistema de checks and balances, que no fue diseñado solo para contener las tendencias del ejecutivo frente a posibles abusos de poder, sino, más específicamente –dado que el sustento legítimo de la democracia emana de las opiniones–, para contener a la mayoría de imponer su hegemonía sobre las minorías, cuyos derechos –incluyendo la representación política– debían verse igualmente reconocidos bajo el amparo de la Constitución.
En la medida en que no cabe hallar en el espíritu de la Constitución americana nada parecido a las atribuciones fijadas por un Hobbes respecto de la política exterior de un Estado, o a las observaciones de un Rousseau y su noción de voluntad general en referencia al pueblo como un todo, los abusos por parte del ejecutivo en las últimas décadas han venido siempre bajo el manido pretexto de la razón de Estado (ajeno por principio al espíritu de la constitución). A golpe de decreto presidencial, el presidente de los Estados Unidos no solo ha despreciado el espíritu de la Constitución reforzando las fronteras y disponiendo restricciones en aras de la seguridad nacional, sino que la misma puesta en escena da la impresión de estar al servicio de una imagen: la del hombre fuerte que se presenta como uno con el pueblo, representante exclusivo de la voz del pueblo por oposición a las élites, que solo se representan a sí mismas.
Sin embargo, frente a la tendencia al escepticismo y a la desconfianza generalizada frente a las élites, hemos tenido ocasión de ver en distintas actitudes cómo en el seno de la República algunos ciudadanos han sido capaces de hacer justicia a los valores constitucionales y restituirlos a la altura de sus inicios. La actitud del –supuestamente “todopoderoso”– exjefe del FBI James Comey, la respuesta de los jueces que se han atrevido a recurrir los decretos presidenciales más controvertidos, o la firmeza de muchos otros funcionarios emerge como un hecho incontestable de que hay quienes no se han doblegado a preceptos que atentan contra los valores cívicos. ¿Pero cómo reconocer dónde está el límite? ¿En base a qué criterios juzgar si una orden determinada merece o no ser llevada a cabo? Quizá sea posible discernir un criterio en la respuesta de James Comey, cuando, según la propia versión respondió al presidente Trump que no podría contar con su lealtad, pero sí con su “honestidad”. Esta respuesta es tremendamente significativa en cuanto a cómo defender el espacio de libertad en el seno de una República, en la medida que el espíritu de la constitución no exige de un ciudadano lealtad al pueblo, ni al presidente de los Estados Unidos, sino que ofrece un margen de libertad –verdadero sustento de los valores constitucionales– como condición básica en el ejercicio cívico del deber y de la función pública.
Escrito por Diego Ruiz de Assín Sintas, doctorando de Filosofía e historia de la UAH. Su principal línea de investigación se centra en la República estadounidense.
