Febrero acaba para Donald Trump con una noticia buena, una mala y otra peor: la buena viene de la política, donde (salvo enorme sorpresa) ya está claro que repetirá en noviembre como candidato republicano a la presidencia porque va arrasando en las primarias de su partido y además las encuestas le ponen por encima del presidente Biden; la mala es que lo acaban de condenar a pagar más de 415 millones de euros en un juicio civil por inflar el valor de sus empresas para engañar a sus prestamistas y lo han apartado de la dirección de sus empresas; la peor es que todavía le quedan muchos otros juicios por delante.
El próximo 25 de marzo comienza en Nueva York el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de EE. UU. Aunque Trump tiene pendientes tres más, en este lo acusan de haber cometido irregularidades contables para tapar los pagos que le estaba haciendo a una estrella del porno para que ella no contara su relación extramatrimonial y le complicara su primera campaña electoral. Ese juicio puede conllevar una condena de hasta cuatro años de prisión.
En teoría Trump debería haber vuelto al banquillo mucho antes. El inicio del juicio federal penal por su intento de manipular el resultado electoral en 2020 estaba previsto para el 4 de marzo, pero ahora está bloqueado a la espera de que la Corte Suprema decida si se pronuncia o no sobre una teoría legal del expresidente que afirma que tiene inmunidad por todo lo que hizo mientras estaba en el cargo. La Corte ya ha anunciado, eso sí, que tomará una decisión además sobre la legalidad del intento de varios estados de excluir a Trump de la papeleta electoral usando la 14ª enmienda, por haber participado en una insurrección.
La de la inmunidad no es la única vía legal que Trump ha explorado para retrasar sus juicios. La justicia de Nueva York ya rechazó su argumento de que el juicio del 25 de marzo suponía una interferencia en los procesos democráticos porque le impedía continuar con su campaña presidencial. El interés por dilatar los procesos es evidente: si Trump fuera elegido de nuevo presidente podría, al menos en la jurisdicción federal, tratar de autoindultarse o nombrar un fiscal general que retirara los cargos contra él.
De lo que no podría indultarse incluso como presidente es de cualquier condena en una jurisdicción estatal. De ahí su preocupación por su procesamiento en Georgia por delitos electorales, en el que ni siquiera el gobernador del estado podría indultarlo sin haber cumplido una parte sustancial de su pena, que podría llegar a los 20 años de prisión. Para ese juicio no hay todavía fecha y la fiscal que ha llevado la acusación está inmersa en un proceso que puede apartarla del caso por haber incorporado a su equipo a un fiscal ayudante con el que mantenía una relación amorosa.
El único juicio penal que de momento tiene fecha fija de inicio para Trump es en un tribunal federal de Florida, donde desde el 20 de mayo responderá por llevarse de la Casa Blanca y negarse a devolver numerosos documentos secretos, que almacenó en su club de golf de Mar-A-Lago y que además le mostró a algunos de sus visitantes. En casos similares, varias personas han recibido condenas a varios años de prisión.
Aunque políticamente Trump pasa por un buen momento y sus problemas con la justicia no parecen restarle puntos con su electorado, está por ver cómo reaccionarán los votantes si finalmente entra en prisión durante la campaña. ¿Lo verán como víctima o como un mero criminal? Y antes de eso, ¿lograrán sus abogados retrasar lo suficiente los procesos como para que Trump pudiera desactivar algunos de ellos desde la Casa Blanca? ¿Podría el estado de Georgia o el de Nueva York encarcelar al presidente electo de los EE. UU? Como casi siempre con Trump, nos adentramos en territorio inexplorado.
