Tras siete semanas de juicio, el Gran Jurado del estado de Nueva York, donde se ha juzgado al expresidente Donald Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales —11 facturas, 12 vales, 11 cheques—, ha emitido un veredicto de culpabilidad. Es el primer presidente de los Estados Unidos en ser condenado y se trata, por ello, de un acontecimiento histórico. Pero, ¿acaso alguna de las actuaciones de Donald Trump —desde el asalto al Congreso hasta apropiarse de documentación reservada— no lo es? Tras dos días de deliberaciones, los 12 miembros del jurado —7 hombres y 5 mujeres— han alcanzado la unanimidad requerida para validar el veredicto. El juez Juan Merchán anunciará la condena impuesta el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana.
La reacción de Trump está dentro de lo esperado: ha acusado al juez de “corrupto”, se ha declarado “preso político”, ha proclamado que “el país se ha ido al infierno”, finalmente asegurado que “esto está lejos de terminar”. La reacción de Biden ha sido más moderada pero no exenta de intencionalidad política. Ha enfatizado que Trump siempre se ha creído por encima del bien y el mal, que esta sentencia deja claro que “nadie está por encima de la ley”, y que hay “una sola manera de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: las urnas”.
Las posibilidades de que la sentencia se sustancie en un próximo ingreso en prisión son más bien escasas, por no decir nulas. Los abogados de Trump ya han anunciado una inmediata apelación, lo que podría demorar la sentencia final meses e incluso años. En cualquier caso, no es previsible que el juez Merchán le imponga una dura pena de prisión por unos delitos que pueden ser castigados con hasta 5 años de reclusión por cada uno de ellos, hasta un máximo de 20. En este sentido podríamos decir que todo juega a favor de Trump: los delitos cometidos están catalogados como E, la calificación más baja en la escala de este tipo de delitos; se trata de un delito económico y no criminal; el convicto no tiene antecedentes; tiene una perspectiva laboral; el convicto es una persona con una edad avanzada… La condena apriorísticamente más previsible sería la sanción económica.
La condena no representa impedimento alguno para que pueda presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. La Constitución del país no niega tal derecho a los condenados al establecer únicamente tres requisitos para optar al cargo: ser natural norteamericano, tener 35 años, y haber vivido 14 años en Estados Unidos. Mucho se ha especulado sobre una hipotética aplicación de la 3ª sección de la enmienda 14 para impedirle concurrir a las elecciones, pero la sentencia respecto a la disposición del estado de Colorado negándole el derecho a participar en las primarias republicanas descarta por completo tal posibilidad.
Otra cosa son las consecuencias políticas que pueda acarrear la condena judicial. Los fanáticos de Trump interpretarán esta sentencia dentro del victimismo del que hace gala el expresidente; los seguidores de Biden lo verán como prueba fehaciente de las tropelías del candidato republicano. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que las encuestas revelen la repercusión en intención de voto, y no me extrañaría que supusiera un incremento para el ayer condenado. No obstante, en estas elecciones, más que nunca, analizar los trazos gruesos puede conducirnos a engaño, pues es en la letra pequeña donde se está dilucidando el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos.
Considero que volverá a ocupar la Casa Blanca quien salga victorioso en estos 6 swing states: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada. Incluso “viniéndome arriba”, en castiza expresión, si uno de los candidatos logra los votos de Pensilvania y Georgia más un tercer estado de los mencionados, tendrá más que serias posibilidades de vencer.
Las auténticas consecuencias de esta sentencia tienen que ver con la repercusión que pueda llegar a tener en el voto republicano moderado de estos seis estados. Un problema similar al que afronta Joe Biden en esos mismos estados para retener el voto juvenil y musulmán que pueda perder, por abstencionista, a raíz de la guerra en la franja de Gaza.
