Aunque las administraciones americanas habían mostrado una decidida voluntad para colaborar con los gobiernos españoles en su lucha contra el terrorismo nacionalista de ETA, colaboración acentuada desde los momentos de la transición a la democracia en nuestro país, sus estrategias se debatían entre dos extremos: considerar los fenómenos terroristas que en los años setenta proliferaron en Europa como una tactical nuisance, una molestia circunstancial que no alteraba el orden establecido; o como un strategic threat, un problema grave que podría traer consigo dramáticas consecuencias en todos los órdenes de la vida comunitaria. Hasta 2001 la inclinación natural de los servicios americanos de seguridad fue la de seguir la primera de las aproximaciones y consiguientemente acomodar sus ayudas a los limitados perfiles correspondientes.
Ello cambió radicalmente el 11 de septiembre de 2001, cuando los Estados Unidos sintieron en sus propias carnes los efectos desestabilizadores del terrorismo y aplicaron sus propias experiencias y respuestas a las que sus aliados y amigos venían demandando: en el enfrentamiento contra el terrorismo no cabían medias tintas ni distingos acomodaticios. La amenaza era realmente estratégica y global.
Ello trajo consigo una renovada capacidad de cooperación entre las agencias americanas de seguridad −CIA, FBI, NSA− con los cuerpos españoles correspondientes y una mayor eficacia en la localización, seguimiento y eventual detención de los componentes de la banda terrorista vasca, fuera incluso de las fronteras españolas. Ello trajo también consigo una decidida cooperación de parte americana con el gobierno español en el terreno de la ley y la justicia. La inusitada rapidez con la que el Departamento de Estado de los Estados Unidos accedió a introducir a Herri Batasuna en su lista de movimientos terroristas, inmediatamente después de que el gobierno español en 2003 hubiera decidido proceder a la ilegalización del brazo político de ETA, fue una muestra notable de esa voluntad reforzada de cooperación. La decisión del Departamento de Estado supuso una drástica disminución de los contactos entre los movimientos de la izquierda radical vasca y sus simpatizantes en el oeste de los Estados Unidos, fundamentalmente en los estados de Idaho y Oregón.
España, a través del presidente del gobierno José María Aznar, había sido uno de los primeros países en mostrar a Washington su solidaridad y apoyo a la autoridades y al pueblo americano tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, como los Estados Unidos fueron también los primeros en hacer lo propio cuando el terrorismo radical islámico atentó en la estación de Atocha en Madrid el 11 de marzo de 2004. Los nuevos perfiles del terrorismo islamista contribuyeron a reforzar los lazos políticos, militares y de seguridad entre los dos países, en lo fundamental mantenidos a través de los años a pesar de las incidencias político-partidistas en uno y otro país.
La presencia en la base de Morón de la Frontera, en la provincia de Cádiz, de un destacamento de 3.000 infantes de marina americanos es la más reciente y visible manifestación de esa voluntad conjunta de lucha común contra el terrorismo. Es esa una fuerza de estabilización entrenada para actuar en los países africanos en donde se puedan producir necesidades de presencia provocadas por ataques terroristas inspirados o realizados por el Estado Islámico, Al Qaida o sus versiones locales. Significa un nuevo y profundo signo de la colaboración antiterrorista entre los dos países.
Ambos países comprenden la globalidad de la lucha antiterrorista y la necesidad de aplicar en la misma medios de las agencias de seguridad y de las fuerzas armadas, en un contexto en donde la confianza entre aliados es absolutamente vital para la consecución del éxito. En ese sentido, y aunque no sea siempre fácil, sería necesario compartir tanto inteligencia como información operativa. Es decir, medios y resultados. Dada la necesidad imperativa de interrumpir los vínculos operativos entre terror, narcotráfico, tráfico de personas y de armas o criminalidad organizada.
La cooperación entre los dos países se desarrolla actualmente en varios planos: aspectos estratégicos de detección y prevención de las amenazas; extremismos y radicalización; colaboración en organismos internacionales y multilaterales; y en operaciones contraterroristas en teatros de operaciones donde los núcleos de las organizaciones terroristas realizan sus funciones de mando y control.
Existe una buena adecuación entre las capacidades humanas y técnicas de ambos países, como se ha podido observar en operaciones en el Sahel, en Libia y en Siria. Además, la larga experiencia española en la gestión de crisis terroristas, tanto internas como internacionales, es altamente valorada en los Estados Unidos, tanto a efectos de la prevención de atentados y acciones terroristas, como en la gestión posterior de los mismos.
Escrito por Javier Rupérez, licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de su actividad política destacan el haber formado parte de la Unión de Centro Democrático (UCD), dirigida por Adolfo Suárez, de la que fue miembro de su Comité Ejecutivo y Secretario de Relaciones Internacionales. Ha sido diputado o senador desde 1979 hasta el año 2000. Como diplomático ejerció como Embajador de España ante la OTAN, inmediatamente después de la entrada de España en la Alianza (1982). Fue Embajador de España en EE.UU. entre 2000 y 2004, año en el que a su vez fue elegido Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.
