En los inicios de la pandemia declarada oficialmente hace ahora un año, la tasa de mortalidad provocada en Estados Unidos por la epidemia de COVID-19 era asombrosamente alta entre hispanos y afroamericanos en comparación con la registrada entre la población blanca.
Un año después, la desigualdad racial y económica sigue reflejándose en las encuestas. Los adultos negros son el sector de población que más desconfía de las vacunas, lo que se traduce en que seis de cada diez manifiesten en la encuestas que quieren “esperar a ver” cómo funciona la vacuna antes de recibirla, lo que contrasta, por ejemplo, con el hecho de que, de poder hacerlo, ocho de cada diez españoles se pondrían inmediatamente a la cola de la vacunación.
Si consideramos que los estadounidenses negros hospitalizados por COVID-19 triplican a los blancos y mueren a tasas dos veces más altas, cabría pensar que serían los primeros en estar dispuestos a recibir la vacuna tan pronto como pudieran acceder a ella.
Pero, aunque el porcentaje de afroamericanos estadounidenses que declaran que “probablemente” o “con toda seguridad” se prestarán a ser vacunados ha aumentado con el tiempo, en las últimas encuestas de mediados de enero solo el 35 % de los afroamericanos declaran que se vacunarían tan pronto como pudieran o se habían vacunado ya.
Para algunos historiadores, esa es la consecuencia de siglos de segregación y discriminación que han situado a determinados colectivos de origen no anglosajón entre los que tienen trabajos peor pagados, viven en comunidades sin acceso a atención sanitaria y en condiciones de hacinamiento y degradación social que sorprenderían a un europeo. Además, tienen poderosas razones históricas añadidas para desconfiar. Los estadounidenses negros han sufrido maltratos físicos y morales por parte de los médicos.
Históricamente, los negros han sido víctimas de saqueos de tumbas, autopsias y disecciones no autorizadas, y sometidos a otras prácticas infames como la extracción de piezas dentales in vivo para elaborar dentaduras postizas para sus dueños. Desde la era de la esclavitud hasta el día de hoy, comenzando con los primeros encuentros entre negros y médicos blancos y la pseudociencia racista que surgió de ese choque cultural, esclavos y libertos fueron utilizados en hospitales para experimentos llevados a cabo sin su conocimiento.
En Medical Bondage, la historiadora Deirdre Cooper Owens narra las prácticas médicas que usaron a las mujeres negras como conejillos de indias. En algunos de sus experimentos más crueles, el doctor James Marion Sims, un sádico al que algunos consideran el “padre de la ginecología moderna”, sometió a decenas de esclavas a una cirugía experimental de fístula vesicovaginal sin anestesia y sin emplear las mínimas condiciones de asepsia y los ya de por sí parcos tratamientos posquirúrgicos de la época.
Lucy, Betsy y Anarcha. Estos son los únicos tres nombres que se conocen de esclavas que Sims operó sin anestesia entre 1845 y 1849 en una clínica improvisada en su jardín de Montgomery, Alabama. Sims describe en su autobiografía que las mujeres desnudas eran sujetadas por varios hombres mientras que introducía en sus vaginas instrumentos quirúrgicos de su invención para practicar dolorosas cirugías experimentales. La decisión de NO anestesiarlas se basaba en la suposición racista de que las personas negras experimentan menos dolor que los blancos, una creencia que aún persiste entre algunos profesionales médicos.
En pleno siglo XX se utilizó la pseudociencia de la eugenesia y el darwinismo social para justificar la explotación experimental y el tratamiento médico de pésima calidad para los negros. En su libro Medical Apartheid, la especialista en ética médica Harriet A. Washington narra algunos de los ejemplos más atroces.
Gracias a ese libro han salido a la luz detalles terribles sobre el experimento de sífilis de Tuskegee, Alabama, considerado como “posiblemente la más infame investigación biomédica de la Historia de Estados Unidos” y llevado al cine en 1997 por Josep Sargent (Miss Evers Boys), mediante el cual los médicos estatales engañaron a centenares de pacientes negros pobres y analfabetos para que creyeran que estaban recibiendo tratamiento antisifilítico cuando no era así. Ese estudio se prolongó durante cuarenta años y continuó incluso después de que se desarrollara una cura para la sífilis en la década de 1940.
En 1951, los médicos extrajeron células de cáncer de cuello uterino de una mujer negra, Henrietta Lacks, sin su autorización. Los investigadores continuaron usándolas para crear el primer cultivo de células inmortales (que llevan el nombre “Hela” acrónimo de la paciente) y sometieron a sus descendientes a un estudio continuo durante años sin su consentimiento. La periodista de investigación Rebecca Skloot detalla esa cascada de violaciones éticas en su libro The Immortal Life of Henrietta Lacks, que continuaron cuando se elaboró el mapa del genoma de Henrietta sin el conocimiento de su familia.
Los avances en genómica todavía se utilizan para resucitar las teorías de la «ciencia» racial. Por ejemplo, un estudio de 2007 concluyó que los maoríes están genéticamente «programados» para la violencia. Muchos científicos y medios de comunicación estadounidenses se unieron a la hipótesis, sugiriendo que existe una predisposición genética para que los varones negros y latinos tiendan a participar en actividades delictivas.
Aunque ahora haya mucha información académica que denuncia falsedades sobre el racismo asentadas en parte de la clase médica estadounidense, el pasado está firmemente anclado en la memoria de los afroamericanos sencillos, que, sentados alrededor de la lumbre, comparten y escuchan historias de malas prácticas médicas sufridas por ellos o sus familiares.
Esa relación entre racismo y mala praxis médica se mantiene actualmente y se refleja en la respuesta a la cuestión de la vacuna frente a la COVID-19, el indicador más reciente de las discriminaciones raciales sanitarias en Estados Unidos.
