Como si de una margarita se tratara, el tema de los aranceles tarifarios anunciados por el presidente Trump para las importaciones norteamericanas, que durante las últimas semanas ha ocupado portadas en medios de comunicación mundiales, ha sido desvelado. Finalmente no ha sido como algunos vaticinaban “café para todos” —en el sentido de idénticas tasas impositivas sea cual fuere el país de origen y el producto en cuestión—, ni como predecían otros “menú a la carta” —se diferenciarían tanto productos como país de origen—. Los países más perjudicados han sido los de área Asia-Pacífico y en lo que a la Unión Europea corresponde se establece un 20% a cuanto exporta a Estados Unidos.
Se abre, es opinión generalizada, una guerra económica mundial sin precedentes de inciertas e impredecibles consecuencias. Las reacciones han sido inmediatas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado comedida y fuerte. Comedida al apostar por un escenario negociador en el que puedan matizarse los términos de las disposiciones, y fuerte al asegurar que Europa está preparada para hacer frente y responder a semejante ataque. La administración estadounidense ha manifestado que los porcentajes anunciados por el presidente no serán objeto de debate ni cambio. El tiempo dirá si efectivamente es así.
Pensar que Trump y sus consejeros económicos, liderados por Peter Navarro, actúan de forma irreflexiva resulta superficial y osado al mismo tiempo. Según cifras del Departamento del Tesoro, la deuda exterior estadounidense supera los 31 billones de dólares. Ello supone pagar unos intereses en torno a los 2.500 millones de dólares al día —en el tiempo de leer este artículo los intereses sin amortización de la deuda exterior estadounidense habrán supuesto cerca de 30 millones de dólares—. Tal situación resulta insostenible a medio-largo plazo sobre todo si el incremento continúa siendo similar al de los últimos años, unos 2 billones anuales.
El presidente entiende que la mejor —¿única?— forma de revertir la situación es una política arancelaria que serviría tanto para equilibrar la balanza de pagos como para crear empleo. En ese sentido no debiera extrañar la orden ejecutiva ayer firmada, que no es sino la confirmación de su promesa electoral estrella junto a la deportación de emigrantes sin papeles. Estos son los hechos, pero uno se pregunta si el camino tomado es el más adecuado.
En el siglo XX hubo dos actuaciones arancelarias parecidas a las ayer propuestas. La Tariff Act de 1930 conocida como Ley Hawley-Smoot al inicio de la Gran Depresión, y la de 1971 de Nixon en plena Guerra de Vietnam. Las dos resultaron en un estrepitoso fracaso. Una de las primeras medidas adoptadas por Roosevelt al alcanzar la presidencia fue derogar la Hawley-Smoot, y Nixon también anuló la suya al sufrir en propias carnes las nefastas consecuencias del aumento de inflación, encarecimiento de petróleo, y subida de tipos. Si nos atenemos a la historia la medida adoptada por Donald Trump no parece la más recomendable.
El argumentario contra tal medida va más allá de la historicidad e interesa asuntos de índole doméstica e internacional.
El ataque más contundente contra Biden primero y Harris después fue la deriva de la inflación y el propio Trump —incluso el trabajador “espontáneamente” invitado a tomar la palabra— reconoció que durante “un tiempo” la situación no será lo boyante que se pretende. Salvo contadas excepciones existe una cierta unanimidad entre los economistas en indicar que se experimentará un incremento de precios, pues el encarecimiento de las importaciones en absoluto conlleva un abaratamiento de los productos nacionales competidores.
El escenario planteado por Trump para dar a conocer sus medidas fue propio de la mejor producción Hollywoodiense. Se desarrolló en el jardín de las rosas reservado para comparecencias de singular importancia, estuvo arropado por su gabinete —¿por qué faltó Elon Musk?—, enfatizó el patriotismo con las banderas como telón de fondo, y escogió una audiencia a lo “Village People” tanto por el atuendo como por lo que pretendía representar. Pretende Trump recuperar la industria “fugada” para crear puestos de trabajo, pero los trabajadores manufactureros representan el 10% de masa laboral mayoritariamente empleada en el sector servicios. En cuanto a la agricultura/ganadería, la respuesta de China a este tipo de importaciones tras la primera andanada arancelaria de su anterior mandato puso de manifiesto que fueron los productores de grano en el Medio Oeste quienes sufrieron las consecuencias.
En el ámbito internacional, este tipo de medidas suponen una suerte de singular declaración de guerra comercial que, como todas las guerras, es fácil de iniciar, pero complicado saber cuándo y cómo terminarán.
De forma recurrente aparecen análisis relativos a que las verdaderas intenciones de Trump serían conducir a Estados Unidos a un periodo de recesión con el consiguiente abaratamiento del dólar. Ello favorecería a las exportaciones y también potenciaría la reubicación en territorio nacional de las mencionadas empresas fugadas. Tal vez sea así, o tal vez sea que Trump está dirigiendo el país como si de una empresa se tratara, pues lo único cierto en este momento es que quienes se beneficiarán de estas medidas serán empresas de ámbito eminentemente nacional.
Lo mismo estamos asistiendo al entierro del liberalismo y el nacimiento de la autarquía sin enterarnos.
