Con la jubilación del juez Anthony Kennedy, el presidente Trump aspira a solidificar la mayoría conservadora en el Supremo con profundas implicaciones para el futuro de los grandes debates públicos que enfrentan a la sociedad de Estados Unidos.
Desde su puesta en funcionamiento a partir de 1789, en virtud del Artículo III de la Constitución aprobada dos años antes, solamente 162 americanos han tenido el honor de ser nominados para servir en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que combina las atribuciones de máxima instancia judicial y árbitro constitucional. A un ritmo acelerado por el calendario que prevé elecciones legislativas para el próximo 6 de noviembre de 2018, la Administración Trump trabaja en una de las responsabilidades más importantes para todo ocupante de la Casa Blanca: cubrir una vacante en ese decisivo órgano judicial compuesto por nueve magistrados y conocido como SCOTUS.
Es la segunda vez que el presidente Trump tiene la oportunidad de nominar un magistrado del Supremo, después de la muerte del juez Antonin Scalia y la negativa del Senado a valorar los méritos del candidato Merrick B. Garland presentado por la Administración Obama en su recta final. Tras colocar en la Corte Suprema a un impecable conservador como Neil Gorsuch, Trump se prepara ahora para sustituir al magistrado Anthony Kennedy, que a sus 81 años ha solicitado la jubilación de su cargo vitalicio, por el juez Brett Kavanaugh.
En una instancia judicial tan decisiva como SCOTUS, que cada vez emite más veredictos con mayorías de 5 contra 4, la retirada del juez Kennedy resulta especialmente relevante, ya que este magistrado nominado por Reagan no siempre se ha alineado con el bloque conservador del Supremo, funcionando como una especie de libertario siempre sensible a la protección de derechos individuales. Por eso su voto, no siempre predecible, ha resultado tan importante en casos sobre todo relacionados con la diversidad. Y por eso, su sustitución tiene profundas implicaciones para el futuro de los grandes debates públicos que enfrentan a la sociedad de Estados Unidos.
1. Plazos y procedimientos: El juez Kennedy formalizará su jubilación el próximo 31 de julio. De hecho, poner fin al servicio de un juez del Supremo solamente es posible en virtud de un certificado de defunción, una carta de dimisión o un proceso de impeachment. Ante la jubilación de Kennedy, el presidente Trump ha anunciado esta semana en prime time su decisión de nominar al juez federal Brett Kavanaugh. A partir de ahora, el proceso debe ser completado por el Senado de Estados Unidos en su papel constitucional de Advise & Consent con una mayoría favorable al nominado. De los 162 propuestos desde 1789, 125 han sido confirmados por la Cámara Alta y 7 han declinado el puesto. La intención de la mayoría republicana en el Congreso es tener la vacante cubierta con Kavanaugh para cuando el Supremo reasuma sus actividades en octubre. Como el Senado ya tenía previsto estar convocado en sesión durante el mes de agosto, la idea es celebrar las previstas vistas públicas (hearings) en el Comité Judicial este mismo verano. La plusmarca de celeridad en todo este proceso la tiene la juez Sonia Sotomayor, confirmado en un tiempo record de 42 días desde su nominación por el presidente Obama.
2. ¿Quién es el juez Kavanaugh?: Brett M. Kavanaugh se encuadra dentro del sector más conservador de la magistratura de Estados Unidos. Con la peculiaridad de haber tenido una relación directa con el establishment del Partido Republicano. Básicamente es un insider nominado por el más desestabilizador outsider en Washington. Trabajó como letrado en la batalla de litigios por el recuento de votos en Florida durante las presidenciales del 2000, fue ayudante del presidente Bush hijo y participó en las pesquisas del fiscal especial Kenneth Starr contra el presidente Clinton. De 53 años, una edad que asegura una larga trayectoria en la Corte Suprema, Kavanaugh ha servido desde el 2006 en la prestigiosa Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Al presentarle junto a su familia en la Casa Blanca, el presidente Trump le ha descrito como “una de las mentes legales mejores y más agudas de nuestro tiempo”. Aunque el candidato, que en su día fue pasante tras estudiar Derecho en Yale del magistrado Kennedy, no ha sido una sorpresa, su nominación promete galvanizar tanto a demócratas como republicanos ante las elecciones legislativas del próximo noviembre. Según ha afirmado Kavanaugh: “Mi filosofía judicial es clara: un juez debe ser independiente y debe interpretar la ley, no hacer la ley. Un juez debe interpretar la legislación como está escrita y un juez debe interpretar la Constitución como está escrita, basándose en la historia, la tradición y los precedentes”.
3. La batalla en Capitol Hill: Históricamente la renovación de una plaza en el Supremo, incluso para el puesto de magistrado jefe, ha sido un procedimiento casi rutinario en Estados Unidos. Sin embargo, con la polarización política acumulada desde los años sesenta y la importancia del Supremo en la llamada guerra cultural de Estados Unidos, este proceso se ha convertido en una de las grandes batallas legislativas en Washington. La parte más visible son los hearings en el Comité Judicial, pero la más decisiva es la votación final en el pleno del Senado, donde se requiere una mayoría simple de sus cien miembros. Desde 2017 no se permite el desarrollo de maniobras de bloqueo que en la práctica exigían una súper-mayoría de sesenta escaños para la confirmación de magistrados federales. En el actual equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta, dos senadoras moderadas del Partido Republicano –Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska– se presentan como los votos claves en este proceso.
4. To bork: La jerga política de Washington ha acuñado el verbo to bork para referirse al ataque sin cuartel, descalificación y la eventual derrota de un nominado o candidato para un puesto oficial. El origen de esta expresión se remota a 1987 con la frustrada nominación del juez Robert Bork por parte del presidente Reagan. De hecho, Anthony Kennedy fue la tercera opción de Reagan después de Bork. En toda la historia del Supremo, entre 1894 y 1967 solamente un nominado a la Alta Corte fue rechazado por el Senado. El punto de inflexión habría sido precisamente el caso de Robert Bork, pero muchos especialistas destacan también el caso de Abe Fortas, nominado por Lyndon B. Johnson para ser magistrado jefe del Supremo. Finalmente, Fortas no consiguió el ascenso por alegaciones de conflicto de intereses. Un recordatorio de que el sistema constitucional de Estados Unidos está diseñado bajo la obsesión de evitar la concentración y el abuso de poder y, por lo tanto, los resultados óptimos en el gobierno solamente se obtienen a través del consenso de todas las partes implicadas.
5. El compromiso de Trump: Desde su campaña presidencial, Donald Trump ha prometido nominar candidatos conservadores y pro-vida para toda la judicatura federal. Por ahora, la interrupción voluntaria del embarazo está reconocida y protegida por el Supremo en virtud de la jurisprudencia federal fijada en el caso Roe v. Wade. Sin embargo, existe una corriente revisionista en un número significativo de Estados de la Unión. La Casa Blanca dispone de una lista larga de 25 magistrados federales elaborada por la Sociedad Federalista y una lista más corta de favoritos, aunque técnicamente los nominados para el Supremo no tienen ni que tener estudios en Derecho. Varios de estos jueces han sido entrevistados en los últimos días como parte de este proceso de selección, en el que no siempre es posible anticipar al cien por cien su inclinación una vez lleguen a tomar posesión de sus puestos vitalicios en el Supremo. En la historia de la Casa Blanca, solamente cuatro presidentes han carecido de la privilegiada oportunidad de cubrir vacantes en el Supremo: William Henry Harrison, Zachary Taylor, Andrew Johnson y Jimmy Carter. La plusmarca de nominaciones, por supuesto, corresponde al primer presidente George Washington.
6. Balance ideológico: Tradicionalmente, los presidentes de Estados Unidos han nominado a individuos cercanos y de su confianza para las vacantes en el Tribunal Supremo. Presidentes como FDR, Truman, Kennedy o LBJ tuvieron conexiones personales con casi todos sus candidatos. Sin embargo, presidentes que daban más importancia a las credenciales ideológicas y la filosofía judicial de sus nominados no han tenido esos vínculos de cercanía con sus nominados. Tal sería el caso de Nixon, Reagan, los dos Bush, Clinton y Trump. La tendencia resultante es que hasta el Supremo solamente tienden a llegar magistrados cada vez más predecibles. Lo cual hace cada vez más improbable la viabilidad de figuras como Anthony Kennedy que decidan por los méritos de cada caso. Frente a esta polarización contagiosa, todas las controversias que la política de Estados Unidos es incapaz de solucionar terminan llegando tarde o temprano para el veredicto de los nueve magistrados del Tribunal Supremo.
