Si un ciudadano que naciera en España a inicio del siglo XIX se despertara hoy, con seguridad encontraría fundamentos suficientes de la realidad política y social que le recordarían a lo vivido por aquel entonces. La inestabilidad institucional, las protestas y revueltas sociales, el cuestionamiento del orden constitucional, o las peticiones de reforma o abolición de la Carta Magna, amén de la delicada situación económica y la supervisión en Europa de los pasos dados por el Ejecutivo, constituyen aspectos que ya vivieron nuestros antepasados más recientes en lo que se llamó el siglo de los liberalismos (porque hubo varios). Esta fue etapa de nuestra historia marcada por los sucesivos pronunciamientos militares, la pérdida de soberanía nacional a manos de potencias extranjeras (por la vía de la invasión o la influencia económica o dinástica), la sucesión de reinados y constituciones casi hasta el final de la centuria y, lo más relevante para el artículo que nos ocupa, el primer, y hasta hoy, último intento de instaurar en España una suerte de Gobierno liberal con una Constitución que reconociera la soberanía en el conjunto de la nación, esto es, el pueblo español, y no en la figura de una persona cuyo poder era absoluto y de origen divino.
El año 2023 no solo se cerrará con la conmemoración del 45 aniversario de la Constitución de 1978, la segunda más longeva de cuantas se han implantado en España tras las de 1876, sino también con el recuerdo de otro acontecimiento, olvidado en fastos y artículos periodísticos y académicos: el bicentenario del final del Trienio Liberal, el periodo histórico que marcó el devenir de un siglo en España marcado por la inestabilidad, las rebeliones contra el poder establecido y la sucesión de regímenes con marcada vigilancia militar. El Trienio Liberal constituyó el último intento de restaurar lo que fue interrumpido en 1814 después de proclamar dos años antes la Constitución más liberal de cuantas en ese momento había en Europa, que vivió una reordenación geoestratégica y territorial tras la derrota de Napoleón Bonaparte y su proyecto, regresando a las fronteras ideológicas del Antiguo Régimen, un conservadurismo marcado por el miedo a que los aires revolucionarios iniciados en Francia contaminaran de inestabilidad al conjunto del continente. España no fue ajena a esos deseos de las potencias europeas, con el canciller Metternich al frente, por lo que, a los tres años del pronunciamiento del General Riego que devolvió el liberalismo a España, regresaron las cadenas del absolutismo que tan bien se marcaron en el Congreso de Viena (1815).
Las similitudes entre aquella época y la actual no son pocas, cuando se debate, hoy igual que ayer, si estamos ante un intento por parte de los diferentes poderes del Estado de situar las amplias libertades individuales y colectivas conquistadas en un marco de observancia y prohibición paulatinas. La pertinencia o no de reformar la Constitución y las decisiones del Gobierno han abierto una profunda fractura en la sociedad actual, un episodio nacional reiterativo en nuestra historia y que también protagonizaron los españoles en aquella coyuntura tan distinta como única del proceso español, siempre inconcluso y en permanente construcción.
Basten las palabras expresadas por el poeta ilustrado Manuel José Quintana en sus cartas a Lord Holland, explicándole los sucesos políticos que se vivieron en España en aquella segunda intentona constitucional:
«Para allanar la resistencia que esta situación [sobre las razones del fracaso del Trienio] y carácter individual oponían al sólido establecimiento del nuevo sistema, hubiera sido necesario un pueblo de otra índole y otra decisión. Pero las pasiones políticas no se inflaman en la muchedumbre tan fácilmente como se piensa; y el español, grave y tranquilo por inclinación, obediente y sumiso por costumbre, no podía ser excitado de repente al amor exclusivo de unas leyes a las cuales faltaba el cimiento de la experiencia y la majestad que da el tiempo».
Es conocido el influjo de la Constitución de Estados Unidos de 1787 en la gaditana de 1812. La separación de poderes y los contrapesos pertinentes, la defensa y protección de las libertades individuales y la soberanía nacional como sujeto de Derecho, amén de situar a la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico, fueron preceptos cuya vigencia sigue siendo primordial en las democracias actuales, como bien refleja José Antonio Gurpegui en su obra Nexos liberales (2018), donde analiza el fundamento ideológico de ambos textos y el contexto sociopolítico en el que se enmarcaron. También sus amenazas, como estamos viendo ayer y hoy. En este sentido, tanto el intento de 1812 como su continuación ocho años después, se encontraron con que la mitad del país seguía fiel a las “caenas” que representaban el absolutismo de Fernando VII frente a las aspiraciones de libertad personal y asociativa reivindicadas por otra gran parte de la población, no solo las capas medias y altas, como cierta historiografía incide en subrayar.
La sociedad española en la segunda década del XIX estaba, como ahora, profundamente dividida entre los designios de un monarca absolutista, apoyado por las élites y cancillerías europeas junto a una población, sobre todo campesina y rural, tendente al regreso a las viejas costumbres, y los deseos de libertad, progreso y desarrollo solicitados por las capas medias populares y ansiados por una parte importante de la nobleza y el Ejército. Incluso dentro de la corriente liberal había dos tendencias, una exaltada y radical, defensora de romper con todo vínculo realista y absolutista y otra moderada y doceañista, partidaria de interpretar de forma prudente la Constitución a partir de la vigilancia hacia un rey del que conocían su desafección por la libertad y los principios que en aquella Carta Magna se consagraban. De hecho, Fernando VII boicoteaba todo intento reformista y alimentaba la rebelión punzando las diferencias dentro del propio gobierno liberal.
El principio que regía las actuaciones durante el Trienio Liberal era el que subrayaba que las naciones ya no pueden ser gobernadas como posesiones absolutas de los reyes. De ahí que la primera medida fuera resucitar el espíritu y la letra de la Pepa (como se conocía a la Constitución de Cádiz), para dejar claro que solo la nación tenía el deber de darse leyes para gobernarse. Bajo este precepto que Riego confirmó tras su pronunciamiento, se enmarca el inicio de una España de libertades que pudo ser y no fue, o más bien que quiso ser y no la dejaron, a pesar de la célebre proclamación de Fernando VII queriendo reconocer la nueva etapa política que se abría en el país: “marchemos con franqueza, y yo el primero, por la senda constitucional”, exclamó el también llamado “rey felón”.
Los liberales, en tan corta etapa de gobierno, quisieron reordenar la economía, delicada por una deuda inasumible por las arcas del Estado, fruto de la mala gestión de décadas anteriores en las que las sucesivas aventuras bélicas y el desequilibrio de la Hacienda entre ingresos y gastos propició una España de dos y tres velocidades, caldo de cultivo de revueltas sociales. En al ámbito agrícola, las desamortizaciones eclesiásticas, la reducción de los diezmos y la fijación de un tributo directo molestaron, y mucho, al sector eclesiástico y de la nobleza, que desde entonces posicionaron su descontento para un regreso al realismo, idea cada vez más presente entre el campesinado de la época. La relación con gran parte de la Iglesia y con el Ejército, al que se quería llevar al constitucionalismo y que se supeditara al poder civil, no fue la mejor, y ello fue aprovechado por un Fernando VII que, al igual que hizo su padre Carlos IV en Bayona tres lustros antes, aprovechó la coyuntura alimentada de rechazo para firmar la capitulación de la nación ante los franceses y restaurar así el Antiguo Régimen. Así, la entente cordiale, mediante intensa relación epistolar entre Fernando VII y el Duque de Angulema, propició la caída del último gabinete liberal del Trienio, compuesto por radicales —los moderados dejaron el gobierno un año antes— con la entrada en territorio soberano nacional de los Cien Mil Hijos de San Luis y el retorno de un absolutismo que fijó los destinos de España durante medio siglo, marcado por la inestabilidad política y los sucesivos levantamientos militares.
El 1 de octubre de 1823, un decreto abolió toda la obra política y jurídica del Trienio, declarando nulo al Gobierno constitucional de marzo de 1820, así como todos sus actos ejecutados desde entonces. Comenzaba un proceso de restauración absolutista y el consiguiente exilio de los liberales a Inglaterra y Francia por la represión que inició Fernando VII en su regreso, ejecutando a todos los que quisieron derrocar su dura política de persecución y dando paso a la conocida como Década Ominosa, que concluiría con su muerte en 1833. Habríamos de esperar hasta 1978 para la puesta en práctica de una forma de Estado basada en una monarquía constitucional con la soberanía nacional residente en el pueblo español. Sin embargo, la historia es una disciplina repetitiva en escenarios, tramas, causas y consecuencias y, dos siglos después, quién sabe si la actual deriva política, institucional, económica y social no traerá consigo la revolución pendiente, la reforma esperada o la continuidad de lo establecido.
Escrito por Francisco Carrillo. Historiador y Periodista. Consultor experto en comunicación, estrategia y liderazgo. Director de La Fábrica de Discursos, licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba. Consultor político y asesor de comunicación política y empresarial. Entrenador de discursos y oratoria pública de candidatos políticos, gobernantes, directivos y empresarios. Experto en estrategia de discurso en campaña electoral, gestión de gobierno y comunicación de crisis. Ha trabajado y desarrollado estrategias de comunicación para organizaciones y multinacionales como Bertelsmann Group, Carrefour, Amazon, IKEA, UNICEF, Randstad, Nokia-Microsoft, Vertex, Aguirre&Newman, APD España, Metlife, Red.es, Grupo Correos, Room Mate, Eroski, Mundiplan o Lindorff. Ha desarrollado estrategias de discurso y oratoria política en campañas políticas electorales de España, México, Ecuador, Venezuela y EE.UU. Es autor de varios libros, entre los más vendidos: Tus gestos te delatan. Las claves para ser un buen comunicador, publicado en la editorial Espasa (Planeta) y El porqué de los populismos, publicado por Deusto (Planeta).
